SALA CONSTITUCIONAL: LIMITACIÓN POR LA CUANTÍA DEL DERECHO A LA DOBLE INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO BREVE, NO ES CONTRARIA A LOS PRECEPTOS DE LA CRBV
Precisado lo anterior y vistas las denuncias de la solicitante, esta Sala estima pertinente destacar que la Resolución n°. 2009-0006, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, actualizó los montos que aparecen en los artículos 881 y 882 del Código de Procedimiento Civil en relación con el quantum necesario para el acceso a la justicia por la vía del procedimiento breve, y el quantum mínimo de las causas cuyos fallos pueden ser objeto del recurso de apelación previsto en el artículo 891 eiusdem.
Igualmente, debe destacarse el contenido del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:
“La jurisdicción y la competencia se determinan conforme a la situación de hecho existente para el momento de la presentación de la demanda, y no tienen efecto respecto de ellas los cambios posteriores de dicha situación, salvo que la ley disponga otra cosa.”.
Ahora bien, de acuerdo con lo previsto en la Resolución mencionada, las demandas planteadas cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) se tramitarán por el procedimiento breve a que se refiere el contenido del artículo 881 del Código de Procedimiento Civil y, conforme a lo establecido en el artículo 891 ejúsdem su apelación, si la tuviera, se oirá solo si la cuantía es superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Al respecto, esta Sala Constitucional, en sentencia n°. 299 del 17 de marzo de 2011, estableció lo siguiente:
“…que si bien esta Sala, en anteriores oportunidades, consideró que el principio de la doble instancia comportaba una garantía constitucionalmente tutelada, tal criterio fue atemperado, en el sentido de que el derecho a recurrir del fallo constituía una garantía constitucional propia del proceso penal, pues así lo dispone el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa 'toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley'; así como también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, según la cual, todo juicio debía ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pudiera contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia).
De esta forma, quedó dictaminado que no devienen en inconstitucional, aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva, no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
El derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la doble instancia, pues ésta sólo tiene cabida, si la ley así lo contempla.
La circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se analiza, a la voluntad del legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia…”.
Ahora bien, aprecia la Sala que la limitación por la cuantía del derecho a la doble instancia en el procedimiento breve, no es contraria a los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque no suprime de forma absoluta el ejercicio del recurso de apelación, el cual queda reservado a las causas que cumplan con el monto de la cuantía que fije la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, advierte la Sala que de los autos se infiere con claridad que la decisión objeto de la solicitud de revisión, dictada el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y la decisión dictada previamente por ese mismo Juzgado el 23 de septiembre de 2010, que ordenó oír la apelación ejercida por la abogada Silvia Esperanza García Piñango, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada sociedad mercantil Maxiofertas Los Salias C.A. contra la sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, violaron los derechos fundamentales de la parte solicitante, por cuanto la Resolución n°. 2009-0006 dictada el 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, que entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 2 de abril de 2009, planteó una redistribución de competencias y estableció que las apelaciones de las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio en asuntos contenciosos, se oirá cuando el valor del asunto debatido sea superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.) que para la fecha de interposición de la demanda en el caso de autos tenía un valor de sesenta y cinco bolívares (Bs. 65,00).
En este caso la parte actora, hoy solicitante, estimó la cuantía de la demanda en la cantidad de treinta mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 30.380,00) tal como se desprende de la copia certificada del libelo, que corre al folio 6 del anexo 1 del expediente, la cual fue admitida por el mencionado Juzgado de Municipio, mediante auto del 11 de mayo de 2010, que corre al folio 56 del anexo 1 del expediente, lo que significa que en el momento de la interposición de la presente demanda se encontraba en vigor la Resolución n°. 2009-0006 dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia.
Por lo tanto, en la demanda de resolución de contrato planteada por la parte solicitante, para que la apelación planteada fuese oída de acuerdo con la referida Resolución, la cuantía debía ser superior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), que totalizaba la cantidad de treinta y dos mil quinientos bolívares (Bs. 32.500,00), valor superior al estimado en la demanda, que fue la cantidad de treinta mil trescientos ochenta bolívares (Bs. 30.380,00), tal como ya fue señalado.
Así pues, el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, no tenía competencia por la cuantía para conocer en alzada la apelación interpuesta contra la sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, por cuanto la limitación del derecho a la doble instancia en atención a la cuantía, no constituye una violación constitucional, como lo ha señalado en forma reiterada esta Sala. En consecuencia, debe esta Sala declarar no conforme a derecho las decisiones dictadas por el referido Juzgado Superior el 23 de septiembre de 2010 y el 10 de noviembre de 2010, motivo por el cual se anulan dichos fallos y se declara firme la sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; y así se decide.
Por otra parte, debe esta Sala Constitucional señalar al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que el contenido de la Resolución n°. 2009-0006 dictada el 18 de marzo de 2009 por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, vigente a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 2 de abril de 2009, es de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de la República y es inaceptable su desconocimiento; por tal motivo, se insta al aludido Tribunal a aplicar la referida Resolución en los términos expuestos en la presente decisión.
En otro orden de ideas, esta Sala conoce, por notoriedad judicial, que el mismo Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, también dio trámite a la acción de amparo propuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias, C.A. contra la decisión del 18 de junio de 2010, expedida por el Juzgado de Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial, aun cuando carecía de competencia para ello, la cual fue declarada con lugar, mediante sentencia del 9 de agosto de 2010, anulando la referida decisión, ordenando a dicho órgano jurisdiccional oír la apelación en un solo efecto y al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios Guaicaipuro, Carrizal y Los Salias que se abstuviera de ejecutar el mandamiento de ejecución librado el 20 de julio de 2010 por el Tribunal de Municipio Los Salias.
De allí que, se observa con suma preocupación la conducta asumida por la Jueza Yolanda del Carmen Díaz, quien careciendo de competencia para conocer y dar trámite a una acción de amparo propuesta contra una decisión emanada de un Juzgado de Municipio que, conforme al artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales correspondía al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de dicha Circunscripción Judicial, por ser el superior inmediato de aquél que emanó el acto jurisdiccional cuestionado, declaró con lugar la misma y, al mismo tiempo, conoció y declaró con lugar el recurso de hecho interpuesto contra la misma decisión accionada, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2010 –objeto de examen-.
Así pues, tal conducta resulta reprochable, pues además de atentar contra la eficiente y eficaz administración de justicia, causó gravamen a los derechos constitucionales de las partes en el proceso.
En consecuencia, esta Sala, por orden público constitucional, anula la sentencia del 9 de agosto de 2010 emitida por Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo propuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias, C.A. contra la decisión del 18 de junio de 2010, expedida por el Juzgado de Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial; no obstante, se considera inoficioso reponer dicha causa al estado de que un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la referida Circunscripción Judicial le dé trámite a la acción de amparo, en virtud de que la misma resulta inadmisible, a tenor de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pues la parte accionante disponía de una vía ordinaria como era el recurso de hecho y del que, efectivamente, hizo uso. Así se decide.
Asimismo, se ordena remitir copia certificada del presente fallo al Tribunal Disciplinario Judicial, con el fin que ordene las averiguaciones pertinentes e instruya, en caso de que considere necesario, el proceso disciplinario respectivo. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara:
1. Que HA LUGAR la solicitud de revisión presentada por el abogado Piter Sánchez Sinisgalli, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil ADMINISTRADORA E INVERSORA FAESA 33 S.R.L., ya identificados, contra la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
2. Que ANULA las decisiones dictadas el 23 de septiembre de 2010 y el 10 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
3. Que se declara FIRME la sentencia dictada el 18 de junio de 2010 por el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
4. Se anula la sentencia del 9 de agosto de 2010 emitida por Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que declaró con lugar la acción de amparo propuesta por la empresa Maxiofertas Los Salias, C.A. contra la decisión del 18 de junio de 2010, expedida por el Juzgado de Municipio Los Salias de la misma Circunscripción Judicial.
5. Remitir copia certificada de la presente decisión al Tribunal Disciplinario Judicial, para que realice las investigaciones respectivas y ordene, en caso que lo considere pertinente, la instrucción de un procedimiento disciplinario contra la Jueza Yolanda del Carmen Díaz, a cargo del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.
RESOLUCIÓN N° 2009-0006 TSJ Sala Plena Competencia de los Juzgados Civil, Mercantil y Tránsito
Caracas, 18 de marzo de 2009
198° y 150°
RESOLUCIÓN N° 2009-0006
El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y 20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo,
CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 prevén el acceso a los órganos de administración de justicia como mecanismo que garantiza la tutela judicial efectiva, con omisión de las formalidades no esenciales al proceso.
CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años; por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervienen Niños, Niñas y Adolescentes; como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada; y, muy especialmente, como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa que les son requeridos, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.
CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Municipio, cuya cantidad se incrementó con ocasión de la supresión de los Juzgados de Parroquia, conocen de un número de asuntos que se han reducido considerablemente, evidenciándose en la actualidad un claro desequilibrio de la actividad jurisdiccional que desarrollan respecto a los Juzgados de Primera Instancia.
CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias, a menos que le Ley disponga otra cosa, siendo tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 61 eiusdem, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.
CONSIDERANDO
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura , en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce este Tribunal Supremo de Justicia según sentencia N° 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de su Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil.
CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 18, segundo aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos que se interpongan ante ésta, han de exceder de la suma de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), lo cual ha generado una situación anómala dentro del sistema procesal venezolano, dado que, tradicionalmente, la cuantía de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Mercantil era la misma que daba acceso al recurso de casación civil, lo cual ha dejado de ser así, pues la competencia por la cuantía de estos últimos se mantiene todavía en una suma que sea superior a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00).
CONSIDERANDO
Que según las estadísticas disponibles, los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus recursos disponibles atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como inspecciones, notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, títulos supletorios, rectificaciones de actas y partidas, solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpo amigables, entre otros asuntos de semejante naturaleza.
CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de esos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, constituyen un importante número de asuntos que afectan a los justiciables en las distintas zonas del país, quienes a pesar de tener un Juzgado de Municipio cerca en su localidad, deben trasladarse a las respectivas capitales para su evacuación, lo que afecta la eficiente administración de justicia y dificulta el derecho constitucional de los justiciables para acceder a la función jurisdiccional.
CONSIDERANDO
Que resulta impostergable la toma de medidas y ajustes que permitan redistribuir de manera más eficiente entre los jueces ordinarios la función jurisdiccional, garantizando el mayor acceso posible de los justiciables a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.
RESUELVE
Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.
Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).
Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.
Artículo 4.- Las modificaciones aquí establecidas surtirán sus efectos a partir de su entrada en vigencia y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.
Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 6.- Quedan sin efectos las competencias establecidas en el DECRETO PRESIDENCIAL Nº 1029 de fecha 17 de enero de 1996 y la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA N º 619 de fecha 30 de enero de 1996, así cualquier otra disposición que se encuentre en contravención con la presente Resolución.
Comuníquese y publíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la Federación.
Contra las decisiones de los Tribunales de Arbitraje Comercial, no procede el recurso ordinario de apelación
SALA DE CASACIÓN CIVIL
Ponencia del Magistrado: ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ.
En el recurso de nulidad de laudo arbitral, interpuesto ante el Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, porOPERACIONES, F.F. C.A., representada judicialmente por los abogados Antonio Rosich Saccani y Gonzalo Himiob, contra VALORES VENAFIN S.A., representada judicialmente por los abogados Carlos Cato, Ricardo Colmenter Guzmán, Javier Franceschi Dávila, John Jonson, Martha de Sarratud y Luis Aquiles Mejia Arnal; el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la mencionada Circunscripción Judicial, estando en la oportunidad para decidir, dictó sentencia en fecha 25 de septiembre de 2003, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado el 7 de marzo de 2003, por el tribunal arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas y, por vía de consecuencia, quedó firme y de obligatorio cumplimiento entre las partes.
Contra esa decisión del mencionado Juzgado Superior, la parte actora Operaciones F.F., C.A., anunció recurso de casación. Admitido el recurso, se remitió el expediente a la Sala de Casación Civil.
En fecha 24 de noviembre de 2003, los abogados Antonio Rosich Sacan y Gonzalo Himiob Santomé, apoderados judiciales de la parte actora, presentaron escrito de formalización del recurso de casación. No hubo impugnación.
En fecha 28 de octubre de 2003, se dio cuenta en Sala del presente asunto, designándose ponente al Magistrado Frankiln Arrieche. El 21 de octubre de 2004, se reasignó la ponencia al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo.
Concluida la sustanciación del recurso y cumplidas las demás formalidades legales, pasa esta Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo, en los términos que siguen:
ÚNICO
El fallo contra la cual se anunció y admitió el recurso extraordinario de casación, lo constituye la decisión proferida el 25 de septiembre de 2003, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar el recurso de nulidad interpuesto contra el laudo arbitral dictado en fecha 14 de marzo de 2003, por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas.
Con relación a la admisión del recurso extraordinario de casación contra los laudos arbitrales, la Sala se permite transcribir decisión de fecha 8 de febrero de 2002, Exp Nº. 532, Sentencia Nº. 83 en el caso: Hanover P.G.N. Compressor, C.A., contra Consultores Occidentales, S.A. (COSA) y Constructores Venezolanos C.A. (CONVECA), ratificada en sentencia N° 874, expediente N° 04-574, de fecha 13 de agosto de 2004, juicio: Promotora E.P., 1697, C.A., contra la Asociación Civil El Carrao, en la cual se dijo:
“...Con la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1987, se logran avances en esta materia, pues el artículo 609 de dicho ordenamiento establece que de negarse una parte a cumplir el compromiso arbitral, la otra puede presentar ante el tribunal que deba conocer o esté conociendo el asunto, el instrumento en el que conste dicho compromiso, expresando las cuestiones que por su parte quiera someter al arbitramento, luego de lo cual se ordena la citación de la parte renuente para que conteste acerca del compromiso en el quinto día siguiente.
Luego, puede ocurrir que el requerido: a) Acepte el compromiso, en cuyo caso debe señalar las cuestiones que desea someter a arbitramento, y al día siguiente se procederá a la elección de los árbitros; b) No asista, y en este supuesto la cláusula se tiene por válida y se procederá a la elección de los árbitros, quienes decidirán ateniéndose a las cuestiones sometidas a arbitraje por el solicitante; o c) Niegue la obligación de someter la controversia a arbitraje, hipótesis en la cual el tribunal abrirá una articulación probatoria de quince días, y decidirá dentro de los cinco días siguientes. Este fallo es apelable en ambos efectos, y contra la decisión del Juez Superior no es admisible el recurso de casación, de conformidad con lo previsto en el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil. Si fuere establecida la validez de la cláusula compromisoria, la controversia se sustanciará mediante el procedimiento de arbitraje previsto en el indicado Código, y el laudo que le ponga fin, si fuere de derecho, será inapelable, salvo pacto en contrario, por disposición del artículo 624 eiusdem.
Con esta reforma se imprime mayor eficacia al arbitraje como medio alternativo de resolución de conflictos, y se permite el control de la arbitrariedad de las partes respecto de la validez y cumplimiento de la cláusula de compromiso arbitral.
Finalmente, y de manera más categórica y contundente, la Ley de Arbitraje Comercial dispone en el artículo 5º, que celebrado el acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Seguidamente, reitera que el acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la jurisdicción ordinaria.
Asimismo, los artículos 7 y 25 de dicha ley prevén que el Tribunal Arbitral tiene competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. Esto es: la validez del acuerdo de arbitraje comercial no se discute ante jueces, sino ante el Tribunal Arbitral.
Es claro, pues, que la ley establece los mecanismos para asegurar a las partes la validez y eficacia de las cláusulas de compromiso arbitral.
Hechas estas consideraciones, la Sala observa que en el caso concreto la sentencia recurrida fue dictada en el procedimiento previsto en los artículos 608 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, para el reconocimiento de la existencia y validez de la cláusula compromisoria. La sentencia que se dicte sobre ese particular es apelable, pero no es admisible contra el fallo de última instancia el recurso de casación, y sólo si fuese establecida la validez de la cláusula de compromiso arbitral, debe cumplirse el trámite con arreglo a lo dispuesto en la ley, y el laudo que ponga fin al procedimiento de arbitraje, si fuere de derecho, será inapelable, salvo pacto en contrario.
Estas normas ponen de manifiesto la intención del legislador de impedir que la sentencia o laudo que haya de recaer en el procedimiento de arbitraje sea revisado en casación, pues ello contraría los principios de celeridad y de simplicidad que caracterizan este tipo de procedimientos.
En efecto, el recurso de casación constituye un medio de impugnación que sólo procede por defecto de actividad o quebrantamientos de ley. En el primer caso, el efecto que produce la declaratoria con lugar de dicho recurso es la reposición de la causa, y en el segundo, la nulidad de la sentencia y el reenvío para que ésta sea sustituida, salvo que la Sala case sin reenvío, de conformidad con lo previsto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil. En ambos casos los resultados son fatales en el proceso, porque ello implica la realización de nuevos actos que deben ser sufragados por los particulares, y la dilación en la decisión del asunto controvertido, con el agravante de que la ley permite el ejercicio del recurso de casación y nulidad contra la nueva sentencia que se produzca con motivo del reenvío o de la reposición decretada.
Esta circunstancia es más palpable en el caso concreto, pues en la cláusula compromisoria, de forma determinante, ambas partes acordaron que contra el laudo no procedería el recurso de apelación y, por consiguiente, tampoco es admisible el de casación.
Estas consideraciones permiten concluir que por voluntad de la ley y de las partes, la sentencia que se dicte en el procedimiento previo relacionado con la existencia y validez del compromiso arbitral, así como el laudo arbitral que se pronuncie, si fuese establecida la validez del acuerdo de arbitraje, no son revisables en casación.
Asimismo, la Sala establece que la sentencia recurrida no causa gravamen irreparable, porque el interesado puede acudir ante el organismo competente para solicitar el reconocimiento y validez del compromiso arbitral, e incluso, para defenderse en el juicio ya iniciado, mediante la alegación de que existe un acuerdo arbitral que excluye la jurisdicción ordinaria e impide a las partes discutir el asunto controvertido ante jueces, pues ello debe ser tramitado y decidido por un Tribunal Arbitral. Así se establece...”. (Resaltado del texto).
Dispone el artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial Nº 36.430 de 7 de abril de 1998 que, contra los laudos arbitrales, podrá proponerse únicamente el recurso de nulidad ante los juzgados superiores competentes del lugar en el cual se profirió el mismo, y el tribunal superior podrá anularlo sólo cuando concurran algunas de las causales contenidas en el artículo 44 eiusdem, a saber:
a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo;
e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral; y
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.
En el sub iudice, se observa que las partes suscribieron un contrato de venta de acciones, luego en ese mismo documento se suscribieron otros contratos de prenda y fianza y posterior a la última de las fianzas constituida, se estipularon cláusulas compromisorias, en las cuales acordaron someter al Arbitraje Institucional regulado por la Ley de Arbitraje Comercial y conforme al Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, las controversias que de cualquier naturaleza pudieran surgir entre las partes.
Ahora bien, el arbitraje comercial constituye un medio expedito y alternativo previsto en la ley, para la solución de conflictos, mediante el cual las partes declaran someter ante un Centro de Arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no contractual, dicho acuerdo de sometimiento de su controversia a los Centros de Arbitraje, equivale a la derogatoria convencional de la jurisdicción, a los fines de dilucidarla a través de los medios alternativos previstos en la precitada Ley de Arbitraje Comercial.
Al resolver las partes someter su controversia ante los tribunales de Arbitraje, lo hacen con sujeción a las disposiciones legales que rigen la materia de arbitraje, como lo es la Ley de Arbitraje Comercial, en la cual se excluye la posibilidad de que contra las decisiones emanadas de los Centros de Arbitraje, se ejerzan los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en la ley adjetiva, en tales juicios sólo se prevé la posibilidad de ejercer únicamente el recurso de nulidad ante los tribunales superiores de la jurisdicción, a los fines de verificar la legalidad del laudo, tal como se señala en la decisión de esta Sala, anteriormente transcrita; en estos casos, de ser permisible la posibilidad de ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios contra las decisiones de los Centros de Arbitraje, evidentemente se desvirtuaría la intención del legislador de impedir que la sentencia o laudo que haya de recaer en el procedimiento de arbitraje sea revisado en casación, por cuanto contraría los principios de celeridad y de simplicidad que caracterizan a este tipo de procedimientos, así como la eficacia del medio alternativo para la resolución del conflicto.
Con base en las consideraciones anteriormente señaladas, contra las decisiones proferidas por los tribunales de arbitraje comercial, no procede el recurso ordinario de apelacíón, lo que hace inadmisible el recurso de casación propuesto por la demandante. Así se decide.
D E C I S I Ó N
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación anunciado y formalizado contra la sentencia de fecha 25 de septiembre de 2003, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se REVOCA el auto de admisión del recurso de casación, dictado por el mencionado Juzgado Superior en fecha 15 de octubre de 2003.
Por la índole de la decisión no hay especial condenatoria en las costas del recurso.
Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen, Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los nueve (9) días del mes de noviembre de dos mil cuatro. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Presidente de la Sala,
_______________________
CARLOS OBERTO VÉLEZ
El Vicepresidente Ponente,
________________________
ANTONI0 RAMÍREZ JIMÉNEZ
Magistrado,
____________________
TULIO ÁLVAREZ LEDO
El Secretario,
___________________________
ENRIQUE DURÁN FERNÁNDEZ
Exp. N° AA20-C-2003-001031
LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
Gaceta Oficial Nº 36.430 de fecha 7 de abril de 1998
LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Decreta la siguiente, LEY DE ARBITRAJE COMERCIAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º. Esta Ley se aplicará al arbitraje comercial, sin perjuicio de cualquier tratado multilateral o bilateral
vigente.
Artículo 2º. El arbitraje puede ser institucional o independiente. Es arbitraje institucional el que se realiza a
través de los centros de arbitraje a los cuales se refiere esta Ley, o los que fueren creados por otras leyes. Es
arbitraje independiente aquel regulado por las partes sin intervención de los centros de arbitraje.
Artículo 3º. Podrán someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción que surjan entre
personas capaces de transigir.
Quedan exceptuadas las controversias:
a) Que sean contrarias al orden público o versen sobre delitos o faltas, salvo sobre la cuantía de la
responsabilidad civil, en tanto ésta no hubiere sido fijada por sentencia definitivamente firme;
b) Directamente concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado o de personas o entes de
derecho público;
c) Que versan sobre el estado o la capacidad civil de las personas;
d) Relativas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial; y
e) Sobre las que haya recaído sentencia definitivamente firme, salvo las consecuencias patrimoniales que surjan
de su ejecución en cuanto conciernan exclusivamente a las partes del proceso y no hayan sido determinadas
por sentencia definitivamente firme.
Artículo 4º. Cuando una de las partes de un acuerdo arbitral sea una sociedad donde la República, los
Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan una participación igual o superior al cincuenta por
ciento (50%) del capital social o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas tengan
participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, dicho acuerdo requerirá para su
validez la aprobación del órgano estatutario competente y la autorización por escrito del Ministro de tutela. El
acuerdo especificará el tipo de arbitraje y el número de árbitros, que en ningún caso será menor de tres (3).
Artículo 5º. El "acuerdo de arbitraje" es un acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o
algunas de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una relación jurídica
contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje puede consistir en una cláusula incluida en un contrato, o
en un acuerdo independiente.
En virtud del acuerdo de arbitraje las partes se obligan a someter sus controversias a la decisión de árbitros y
renuncian a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El acuerdo de arbitraje es exclusivo y excluyente de la
jurisdicción ordinaria.
Artículo 6º. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de
documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje. La referencia hecha en
un contrato a un documento que contenga una cláusula arbitral, constituirá un acuerdo de arbitraje siempre
que dicho contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato.
En los contratos de adhesión y en los contratos normalizados, la manifestación de voluntad de someter el
contrato a arbitraje deberá hacerse en forma expresa e independiente.
Artículo 7º. El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de arbitraje
que forme parte de un contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del
mismo. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de
arbitraje.
Artículo 8º. Los árbitros pueden ser de derecho o de equidad. Los primeros deberán observar las
disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos. Los segundos procederán con entera libertad,
según sea más conveniente al interés de las partes, atendiendo principalmente a la equidad. Si no hubiere
indicación de las partes sobre al carácter de los árbitros se entenderá que decidirán como árbitros de derecho.
Los árbitros tendrán siempre en cuenta las estipulaciones del contrato y los usos y costumbres mercantiles.
Artículo 9º. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. En caso de no haber acuerdo al
respecto, el tribunal arbitral lo determinará, atendiendo a las circunstancias del caso, inclusive la conveniencia
de las partes. No obstante, el tribunal arbitral podrá, salvo acuerdo en contrario de las partes, reunirse en
cualquier lugar que estime apropiado para celebrar deliberaciones, oír las declaraciones de los testigos, los
peritos o a las partes, o para examinar mercancías, otros bienes o documentos.
Artículo 10. Las partes podrán acordar libremente el idioma o los idiomas que hayan de utilizarse en las
actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, el tribunal arbitral determinará el idioma o los idiomas que hayan
de emplearse. Este acuerdo será aplicable, salvo que ellos mismos hayan acordado otra forma, a todos los
escritos de las partes, a todas las audiencias y al laudo, decisión o comunicación de otra índole que emita el
tribunal arbitral.
El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos presentados para su consideración, estén acompañados
de una traducción al idioma o los idiomas acordados por las partes o determinados por el tribunal arbitral. }Capítulo II
Del Arbitraje Institucional
Artículo 11. Las cámaras de comercio y cualesquiera otras asociaciones de comerciantes, así como las
asociaciones internacionales existentes, las organizaciones vinculadas a actividades económicas e industriales,
las organizaciones cuyo objeto esté relacionado con la promoción de la resolución alternativa de conflictos, las
universidades e instituciones superiores académicas y las demás asociaciones y organizaciones que se crearen
con posterioridad a la vigencia de esta Ley que establezcan el arbitraje como uno de los medios de solución de
las controversias, podrán organizar sus propios centros de arbitraje. Los centros creados antes de la vigencia
de esta Ley, podrán continuar funcionando en los términos aquí establecidos y deberán ajustar sus
reglamentos a los requerimientos de la misma.
Artículo 12. En el arbitraje institucional todo lo concerniente al procedimiento arbitral, incluyendo las
notificaciones, la constitución del tribunal, la recusación y reemplazo de árbitros y la tramitación del proceso,
se regirá de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de arbitraje del centro de arbitraje al cual las partes
se hayan sometido.
Artículo 13. Todo centro de arbitraje ubicado en Venezuela tendrá su propio reglamento, el cual deberá
contener:
a) Procedimiento para la designación del Director del centro, sus funciones y facultades;
b) Reglas del procedimiento arbitral;
c) Procedimiento de elaboración de la lista de árbitros, la cual será revisada y renovada, por lo menos cada
año; los requisitos que deben reunir los árbitros; las causas de exclusión de la lista; los trámites de inscripción y
el procedimiento para su designación;
d) Tarifas de honorarios para árbitros; y tarifas de gastos administrativos, las cuales serán revisadas y
renovadas cada año;
e) Normas administrativas aplicables al centro; y
f) Cualquier otra norma necesaria para el funcionamiento del centro.
Artículo 14. Todo centro de arbitraje contará con una sede permanente, dotada de los elementos necesarios
para servir de apoyo a los tribunales arbitrales, y deberá disponer de una lista de árbitros, cuyo número no
podrá ser inferior a veinte (20).
Capítulo III
Del Arbitraje Independiente
Artículo 15. Cuando las partes no establezcan sus propias reglas de procedimiento para llevar a cabo un
arbitraje independiente, las reglas aquí establecidas serán las aplicables. Asimismo, estas reglas podrán aplicarse
a un arbitraje institucional, si así lo estipulan las partes.
Artículo 16. Las partes determinarán el número de árbitros, el cual será siempre impar. A falta de acuerdo los
árbitros serán tres.
Artículo 17. Las partes deberán nombrar conjuntamente a los árbitros o delegar su nombramiento a un
tercero.
Si no hubiere acuerdo entre las partes en la elección de los árbitros, cada parte elegirá uno y los dos árbitros
designados elegirán un tercero, quien será el Presidente del tribunal arbitral.
Si alguna de las partes estuviere renuente a la designación de su árbitro, o si los dos árbitros no pudieren
acordar la designación del tercero, cualquiera de ellas podrá acudir al Juez competente de Primera Instancia
con el fin de que designe el árbitro faltante.
A falta de acuerdo entre las partes, en el arbitraje con árbitro único, la designación será hecha a petición de
una de las partes, por el Juez competente de Primera Instancia.
Artículo 18. Los árbitros deberán informar por escrito a quien los designó, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación, si aceptan o no el cargo. Si guardan silencio se entenderá que no aceptan.
El árbitro que no acepte, renuncie, fallezca, quede inhabilitado, o sea recusado será reemplazado en la misma
forma establecida para su nombramiento.
Capítulo IV
Del Proceso Arbitral
Artículo 19. Aceptado el cargo por cada uno de los árbitros, se instalará el tribunal arbitral y se notificará a las
partes de dicha instalación. En el acto de instalación se fijarán los honorarios de los miembros del tribunal, así
como la suma que se estime necesaria para gastos de funcionamiento. Las partes podrán objetar cualquiera de
los montos antes señalados, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la providencia
que los fijó, mediante escrito en el que expresarán las sumas que consideren justas. Si la mayoría de los
árbitros rechaza la objeción, el tribunal arbitral cesará en sus funciones.
Artículo 20. Decidida la fijación de gastos y honorarios, cada parte consignará, dentro de los diez (10) días
siguientes lo que le corresponda por tal concepto. El depósito se hará a nombre del Presidente del tribunal
arbitral, quien abrirá una cuenta especial para tal efecto.
Si una de las partes consigna lo que le corresponde y la otra no, aquella que hubiere consignado podrá hacerlo
por la otra dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
Las costas del arbitraje serán fijadas por el tribunal arbitral en el laudo en el cual también se decidirá a quien
corresponde cubrir dichas costas y en cuál proporción.
Vencidos los términos previstos para efectuar la consignación total, si ésta no se realizare, el tribunal arbitral
podrá declarar concluidas sus funciones, quedando las partes en libertad de acudir a los jueces de la República
o de reiniciar el procedimiento arbitral.
Artículo 21. Efectuada la consignación, se entregará a cada uno de los árbitros una porción no mayor de la
mitad de los honorarios correspondientes y el resto quedará depositado en la cuenta abierta para tal efecto. El
Presidente del tribunal arbitral distribuirá el saldo una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes, o
por ejecutoria del laudo arbitral o de la providencia que lo aclare, corrija o complemente.
Artículo 22. Si en el acuerdo de arbitraje no se señalare el término para la duración del proceso, éste será de
seis (6) meses contados a partir de la constitución del tribunal arbitral. Este lapso podrá ser prorrogado por
dicho tribunal una o varias veces, de oficio o a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa
para ello. Al término antes señalado se sumarán los días en que por causas legales se interrumpa o suspenda el
proceso.
Artículo 23. El tribunal arbitral citará a las partes para la primera audiencia de trámite, con diez (10) días
hábiles de anticipación, expresando fecha, hora y lugar en que se celebrará. La providencia será notificada por
comunicación escrita a las partes o a sus apoderados.
Artículo 24. En la primera audiencia se leerá el documento que contenga el acuerdo de arbitraje y las
cuestiones sometidas a decisión arbitral, y se expresarán las pretensiones de las partes, estimando
razonablemente su cuantía. Las partes podrán aportar, al formular sus alegatos, todos los documentos que
consideren pertinentes o hacer referencia a los documentos u otras pruebas que vayan a presentar.
Artículo 25. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las
excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje. La excepción de incompetencia del
tribunal arbitral deberá ser presentada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la primera audiencia de
trámite.
Las partes no se verán impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un árbitro o
participado en su designación. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, conocer una excepción
presentada fuera del lapso si considera justificada la demora.
Artículo 26. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el tribunal arbitral podrá dictar las medidas cautelares
que considere necesarias respecto del objeto en litigio. El tribunal arbitral podrá exigir garantía suficiente de la
parte solicitante.
Artículo 27. El tribunal arbitral realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin la participación de
las partes, y decidirá si han de celebrarse audiencias para la presentación de pruebas o para alegatos orales, o si
las actuaciones se sustanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas presentadas. En el
procedimiento arbitral no se admitirán incidencias. Los árbitros deberán resolver sobre impedimentos y
recusaciones, tacha de testigos y objeciones a dictámenes periciales y cualquier otra cuestión de naturaleza
semejante que pueda llegar a presentarse. La pendencia de cualquier procedimiento de tacha no impide la
continuación del procedimiento arbitral.
Artículo 28. El tribunal arbitral o cualquiera de las partes con aprobación del tribunal arbitral podrá pedir
asistencia al Tribunal de Primera Instancia competente para la evacuación de las pruebas necesarias y para la
ejecución de las medidas cautelares que se soliciten. El Tribunal atenderá dicha solicitud dentro del ámbito de
su competencia y de conformidad con las normas que les sean aplicables.
Artículo 29. El procedimiento arbitral culminará con un laudo, el cual será dictado por escrito y firmado por
el árbitro o los árbitros miembros del tribunal arbitral. En las actuaciones arbitrales con más de un árbitro
bastarán las firmas de la mayoría, siempre que se deje constancia de las razones de la falta de una o más firmas
y de los votos salvados consignados.
Artículo 30. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido lo
contrario, y constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje. El laudo se reputará
dictado en el lugar del arbitraje.
Artículo 31. Dictado el laudo el tribunal arbitral lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una
copia firmada por los árbitros, y el mismo será de obligatorio cumplimiento.
Artículo 32. El laudo arbitral podrá ser aclarado, corregido y complementado por el tribunal arbitral de oficio
o solicitud presentada por una de las partes, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la expedición
del mismo.
Artículo 33. El tribunal cesará en sus funciones:
1. Cuando no se haga oportunamente la consignación de los gastos de honorarios prevista en esta Ley.
2. Por voluntad de las partes.
3. Por la emisión del laudo, o de la providencia que le corrija o completamente.
4. Por la expiración del término fijado para el proceso o el de su prórroga.
Artículo 34. Terminado el proceso, el Presidente del tribunal deberá hacer la liquidación final de los gastos,
entregará a los árbitros el resto de sus honorarios, pagará los gastos pendientes y, previa cuenta razonada,
devolverá el saldo a las partes.
Capítulo V
De la Recusación o Inhibición de los Arbitros
Artículo 35. Los árbitros son recusables y podrán inhibirse de conformidad con lo establecido al efecto en las
causales de recusación e inhibición en el Código de Procedimiento Civil.
Los árbitros nombrados por acuerdo de las partes no podrán ser recusados sino por causales sobrevivientes a
la designación. Los nombrados por el Juez competente o por un tercero, serán recusables dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que se notifique la instalación del tribunal arbitral, de conformidad con
el procedimiento señalado en esta Ley.
Artículo 36. Cuando exista o sobrevenga alguna causal de inhibición, el árbitro deberá notificarlo a los otros
árbitros y a las partes; y se abstendrá, entre tanto, de aceptar el nombramiento o de continuar conociendo de
la causa.
La parte que tenga motivo para recusar a alguno de los árbitros por causales desconocidas en el momento de
la instalación del tribunal arbitral, deberá manifestarlo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en
que tuvo conocimiento de la causal, mediante escrito presentado ante el tribunal arbitral. Del escrito se
notificará al árbitro recusado quien dispondrá de cinco (5) días hábiles para manifestar su aceptación o
rechazo.
Artículo 37. Si el árbitro rechaza la recusación o no se pronuncia al respecto, los demás árbitros la aceptarán o
negarán mediante escrito motivado, y se notificará a las partes en la audiencia que para tal efecto se llevará a
cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al rechazo de la recusación. En dicha audiencia se decidirá
sobre su procedencia.
Aceptada la causal de inhibición o recusación de un árbitro, los demás árbitros lo declararán separado del
procedimiento arbitral y comunicarán el hecho a quien hizo el nombramiento para que proceda a
reemplazarlo. En caso de que el nombramiento no se realice dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
notificación de la aceptación de la causal, el Juez competente de Primera Instancia nombrará al sustituto a
solicitud de los demás árbitros. Contra esta providencia no procederá recurso alguno.
Artículo 38. Si sobre la decisión de inhibición o recusación de uno de los árbitros hay empate, o si el árbitro
es único, las diligencias serán enviadas al Juez competente de la Circunscripción Judicial del lugar donde
funcione el tribunal arbitral para que decida. Contra esta providencia no procederá recurso alguno.
Artículo 39. Cuando todos las árbitros o la mayoría de ellos se inhibieren o fueren recusados, el tribunal
arbitral declarará concluidas sus funciones, quedando las partes en libertad de acudir a los jueces de la
República o de reiniciar el procedimiento arbitral.
Artículo 40. El proceso arbitral se suspenderá desde el momento en que un árbitro declare su inhibición,
acepte la recusación o se inicie el trámite de cualquiera de ellas. La suspensión durará hasta que sea resuelta la
incidencia, sin que tal paralización afecte la validez de los actos ejecutados con anterioridad a la misma.
Igualmente, el proceso arbitral se suspenderá por inhabilidad o muerte de alguno de los árbitros, hasta que se
provea su reemplazo.
El tiempo necesario para completar el trámite de la recusación o inhibición, la sustitución del árbitro inhibido
o recusado o el reemplazo del inhabilitado o fallecido, se descontarán del término señalado a los árbitros para
que pronuncien el laudo.
Capítulo VI
De las Obligaciones de los Árbitros
Artículo 41. Es obligación de los árbitros asistir a todas las audiencias del procedimiento arbitral, salvo causa
justificada. El árbitro que dejare de asistir a dos audiencias sin justificación, quedará relevado de su cargo, y
estará obligado a reintegrar al Presidente del tribunal arbitral, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el
porcentaje de sus honorarios que este último determine teniendo en cuenta la función desempeñada. El
tribunal arbitral dará aviso a la parte que designó al árbitro relevado, para que de inmediato proceda a su
reemplazo.
Salvo acuerdo en contrario del tribunal arbitral, si un árbitro acumulare cuatro (4) inasistencias, aún cuando
fueren justificadas, se considerará inhabilitado y quedará relevado de su cargo, y el tribunal arbitral procederá a
notificar a la parte que lo designó para que proceda a su reemplazo. El árbitro deberá reintegrar al Presidente
del tribunal arbitral el porcentaje de los honorarios que este último determine teniendo en cuenta la función
desempeñada.
Artículo 42. Salvo acuerdo contraído de las partes los árbitros tendrán la obligación de guardar la
confidencialidad de las actuaciones de las partes, de las evidencias y de todo contenido relacionado con el
proceso arbitral.
Capítulo VII
De la Anulabilidad del Laudo
Artículo 43. Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad. Este deberá interponerse por
escrito ante el Tribunal Superior competente del lugar donde se hubiere dictado, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del laudo o de la providencia que lo corrija, aclare o complemente. El
expediente sustanciado por el tribunal arbitral deberá acompañar al recurso interpuesto.
La interposición del recurso de nulidad no suspende la ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral a menos
que, a solicitud del recurrente, el Tribunal Superior así lo ordene previa constitución por el recurrente de una
caución que garantice la ejecución del laudo y los perjuicios eventuales en el caso que el recurso fuere
rechazado.
Artículo 44. La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:
a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna
incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer
valer sus derechos;
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones
que exceden del acuerdo mismo;
e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las
partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el
proceso arbitral;
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la
controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.
Artículo 45. El Tribunal Superior no admitirá el recurso de nulidad cuando sea extemporánea su interposición
o cuando las causales no se correspondan con las señaladas en esta Ley.
En el auto por medio del cual el Tribunal Superior admite el recurso se determinará la caución que el
recurrente deberá dar en garantía del resultado del proceso. El término para otorgar la caución será de diez
(10) días hábiles a partir de dictado dicho auto.
Si no se presta la caución o no se sustenta el recurso, el tribunal lo declarará sin lugar.
Artículo 46. Cuando ninguna de las causales invocadas prospere, se declarará sin lugar el recurso, se
condenará en costas al recurrente y el laudo se considerará de obligatorio cumplimiento para las partes.
Artículo 47. Admitido el recurso y dada la caución, el Tribunal Superior conocerá del mismo conforme a lo
establecido en el Código de Procedimiento Civil para el procedimiento ordinario.
Capítulo VIII
Del Reconocimiento y Ejecución del Laudo
Artículo 48. El laudo arbitral, cualquiera que sea el país en el que haya sido dictado, será reconocido por los
tribunales ordinarios como vinculante e inapelable, y tras la presentación de una petición por escrito al
Tribunal de Primera Instancia competente será ejecutado forzosamente por éste sin requerir exequátur, según
las normas que establece el Código de Procedimiento Civil para la ejecución forzosa de las sentencias.
La parte que invoque un laudo o pida su ejecución deberá acompañar a su solicitud una copia del laudo
certificada por el tribunal arbitral, con traducción al idioma castellano si fuere necesario.
Artículo 49. El reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral, cualquiera que sea el país que lo haya
dictado sólo se podrá denegar:
a) Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna
incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;
b) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación
de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer
valer sus derechos;
c) Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a la ley del país
donde se efectuó el arbitraje;
d) Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones
que exceden del acuerdo mismo; e) Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo
no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, por una autoridad
competente de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;
f) Cuando el tribunal ante el cual se plantea el reconocimiento o la ejecución del laudo compruebe que según
la ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria
al orden público;
g) Que el acuerdo de arbitraje no sea válido en virtud de la Ley a la cual las partes lo han sometido.
Capítulo IX
Disposiciones Transitorias
Artículo 50. Los acuerdos de arbitraje en los cuales alguna de las partes sea una sociedad en la cual la
República, los Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos tengan participación igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del capital social, o una sociedad en la cual las personas anteriormente citadas
tengan participación igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social, suscritos antes de la fecha
de la promulgación de esta Ley, no requerirá para su validez del cumplimiento de los requisitos señalados en el
artículo 4º de esta Ley.
Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los veinticinco días del mes de marzo
de mil novecientos noventa y ocho. Años 187º de la Independencia y 138º de la Federación.
EL PRESIDENTE,
PEDRO PABLO AGUILAR
LA VICEPRESIDENTA,
IXORA ROJAS PAZ
LOS SECRETARIOS,
JOSE GREGORIO CORREA
YAMILETH CALANCHE
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los siete días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho. Año
187º de la Independencia y 139º de la Federación.
Cúmplase, (L.S.)
RAFAEL CALDERA
Refrendado
El Ministro de Industria y Comercio (L.S.)
HECTOR MALDONADO LIRA
Refrendado
El Ministro de Justicia (L.S.)
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